LA GRÁFICA DE LA SEMANA: SACRIFICIO FISCAL SIN RESULTADOS
La Dirección General Impositiva (DGI) “entiende por gasto tributario a la ausencia de recaudación, consecuencia de un tratamiento impositivo diferente o excepcional del previsto en la estructura normal de un impuesto o de un sistema tributario de referencia”. O sea, se trata del costo que pagamos todos ante las exoneraciones o rebajas fiscales.
Esa ausencia de recaudación constituye una pérdida para los ingresos estatales, por tanto, un menor financiamiento para el gasto público, que en tiempos en que el déficit fiscal es considerado una prioridad de la política económica debería ser especialmente estudiado.
Las exoneraciones fiscales para promover la inversión privada tienen ya larga data. La ley 16.906 es del año 1996, pero una reglamentación más adecuada la ubicó desde el año 2007 como uno de los instrumentos de política económica de mayor importancia. Como podemos apreciar en el gráfico adjunto, las inversiones promocionadas se habían multiplicado por 5 hacia el año 2013, alcanzando la suma de 2.866 millones de dólares.
La otra cara de la moneda es el sacrificio fiscal que se ha asumido al promocionar de esta manera la inversión privada, en muy buena medida también extranjera. En el mismo período 2007-2013 la recaudación “sacrificada” según los informes de la DGI se multiplicó por 4, pasando de 163 millones de dólares en 2007 a 782 millones en 2013.
Como es bien sabido a partir de 2014 la dinámica de la economía mundial empeoró, y los capitales extranjeros comenzaron a regresar a sus lugares de origen. La inversión privada comenzó entonces un ciclo descendente, de tal magnitud, en el caso de los proyectos presentados a la Comisión de Aplicación de la Promoción (COMAP), que durante el año 2017 son inferiores en monto al acumulado en 2008.
Pero como se observa en el gráfico, los estímulos no decrecieron, sino que por el contrario se insistió en una herramienta que parece haber llegado a un punto de saturación. El gasto tributario ha permanecido casi al mismo nivel (cercano a los 700 millones de dólares anuales), mientras la inversión continúa disminuyendo. Se vuelve necesario repensar este instrumento, dotarlo de otra racionalidad, porque ya se ha vuelto una carga muy pesada para el objetivo de disminuir el déficit, y como gasto público en general.