LOS DOS GALLOS Y EL DÉFICIT FISCAL
En primer lugar, lo obvio: Déficit fiscal no queremos. Sin embargo, diferentes coyunturas han determinado que el estado deba asumir determinados gastos, en particular sociales, frente a la tremenda deuda social generada en los años que desembocaron en la crisis de 2002. Pero, además para generar un mayor grado de igualdad de oportunidades que aún en los años de bonanza antes de 2014 era necesario por la altísima desigualdad en la distribución del ingreso.
También se generó un fuerte sacrificio fiscal en la promoción de inversiones, primero en la Reforma Tributaria con la rebaja de la tasa del Impuesto a la Renta (antes IRIC de 30%, luego y hasta ahora IRAE de 25%), luego mediante la Reglamentación de la Ley 16.906 que impulsó un gran empuje a la promoción de inversiones mediante exoneraciones impositivas de IVA, IRAE, aranceles y IPAT (Patrimonio). Solo por concepto de IRAE y para el año 2017 el costo fiscal por las exoneraciones mencionadas significó 1,1% del PBI[1].
En definitiva, un déficit fiscal no es más que la consecuencia de insuficientes ingresos para financiar el gasto público que se estima necesario para impulsar crecimiento económico con distribución justa de sus resultados. Visto así lo caracterizamos como “programáticamente rígido”, o sea, como frenteamplistas reconocemos que los gastos sociales “no se tocan”. Ello no quiere decir que nos da igual cualquier nivel del gasto, y que no sea una variable a trabajar para disminuir el déficit. Ejemplos de ello son las medidas planteadas en el 2016 relativas a la reforma de la caja militar y el impuesto transitorio a las jubilaciones militares más altas, la devolución del FONASA, la imposición a los juegos de azar, el incremento del impuesto al patrimonio y la revisión de las exoneraciones, algunas llevadas a cabo y otras sobre las que debemos insistir.
[1] Más de lo que hemos comprometido para investigación científica y aún no hemos logrado.