LOS TRABAJADORES PÚBLICOS Y EL ESTADO EN URUGUAY
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Ha sido una prédica constante de quienes hoy desempeñan las responsabilidades de gobierno, que una de las problemáticas principales del Uruguay contemporáneo se encuentra en el “desmesurado” tamaño del estado, que a su juicio se constituiría en un freno para el desarrollo de la actividad privada en todos los planos de la economía nacional, sector privado que por sí y ante sí se autocalifica poseedor de la llave del crecimiento y el desarrollo.
Los funcionarios públicos, y su expresión monetaria en el presupuesto, el costo de las remuneraciones, ha sido entonces uno de los blancos preferidos de las propuestas de achique del estado, y por supuesto la expansión del empleo público que se dio en el contexto de las políticas de inclusión social de los gobiernos del Frente Amplio.
Los argumentos al respecto siempre acudían al manejo de cifras absolutas que parecían desproporcionadas para nuestro país, eficientemente alejados de comparaciones o de indicadores relativos a la coyuntura que se atravesaba. De esta manera era común encontrarse en los medios una y otra vez a representantes de la actual alianza derechista multicolor agitando con los 70.000 nuevos empleos públicos creados en los últimos tres quinquenios de gobierno. Nada decían, como veremos a continuación, que 57.000 correspondían a los esfuerzos de universalización de la educación y de la salud públicas, y que los ministerios del Poder Ejecutivo prácticamente mantuvieron su plantilla entre 2005 y 2019 (aumenta 1,8%).