LA GRÁFICA DE LA SEMANA: PROMOCIÓN DE VIVIENDAS Y RENUNCIA FISCAL
La Ley Nº 18.795 promulgada en 2011 declaró de interés nacional mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de interés social. Tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a sectores de ingresos medios y bajos, a través de compra o alquiler; e incluye determinados beneficios tributarios para inversores privados. En este sentido, promueve la inversión privada en el sector de la construcción.
Desde 2011 al primer semestre de 2019 se han promovido un total de 17.148 viviendas a través de esta ley, según los datos que publica mensualmente la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) donde el 93% de las mismas se encuentran en proceso de ejecución, es decir, iniciaron sus obras. Pero del total de las viviendas promovidas a abril del corriente año unas 9.567 viviendas se encuentran finalizadas, es decir un 56% de las mismas.
Esta normativa si bien involucra por un lado la promoción y puesta en marcha de la industria de la construcción y nuevas viviendas, por otro lado, consiste en una renuncia por parte del Estado a una recaudación cuyo promedio anual desde 2011 fue de 133.728.322 dólares anuales.
La creación de esta ley incentivó la industria de la construcción y del empleo a través de inversores privados y la puesta en marcha de obras para nuevas viviendas. El máximo de proyectos aprobados se dio en 2014, y a partir de 2015 ocurre una disminución de las mismas que continúa hasta 2016. En 2017 vuelve a repuntar, y esto lo podemos asociar a la promoción por parte del Poder Ejecutivo en el año previo a través de un decreto que buscó seguir promoviendo la actividad de la construcción, ahora bajo la normativa de la ley 16.906. De esta forma se promovieron las actividades de construcción y venta de inmuebles con destino a vivienda cuyo valor de construcción supere un monto establecido (123.000.000 UI, aproximadamente 15 millones de dólares).
Los precios de las viviendas no resultaron ajustados a los objetivos de proveer de viviendas que la ley preveía, en la medida que un apartamento de un solo ambiente se cotizó en 90-100 mil dólares. El MVOTMA promovió entonces algunos ajustes a dicha norma en 2014, entre ellos topeando el precio al 25% de las viviendas de cada proyecto. Como podemos apreciar en la gráfica la respuesta del sector privado fue menos proyectos.
En el año 2017 se aprobaron nuevos ajustes en la norma, intentando nuevamente mejorar el acceso de las familias de ingresos medios y medios bajos a una vivienda promovida. A través del programa Compra de Vvivienda Promovida se amplió la superficie de las zonas que podrán recibir proyectos para utilizar con mayor intensidad el entorno urbano de las ciudades del interior, y se ajustó la zonificación para Montevideo. También se definieron exoneraciones impositivas para aquellos que adquieren viviendas para arrendar, sujeto a ciertos topes en los precios de los alquileres. En 2017-18 se recuperó y superó la baja de proyectos ocurrida en 2015-16.